Londres, 1 de julio de 2023 – El tribunal de Apelación de Londres ha rechazado este viernes el último recurso presentado por la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Nicolás Maduro, en su intento por reclamar el control sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra. Esta decisión confirma el fallo del 29 de julio de 2022, que otorgaba autoridad sobre dichos activos a la otra junta designada por la oposición liderada por Juan Guaidó.
En una audiencia celebrada los días 23 y 24 de mayo, los tres jueces encargados del caso desestimaron los argumentos presentados por la junta del BCV de Maduro, quienes cuestionaron la validez de unas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Caracas que declaraban nulos los nombramientos hechos por Guaidó. La jueza Sara Cockerill, responsable del fallo inicial, decidió no reconocer dichas sentencias, ya que aceptarlas habría violado la doctrina inglesa de «Una sola voz», la cual exige que el Gobierno y la judicatura actúen de manera unificada en política exterior. En ese momento, el Reino Unido reconocía a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Los magistrados afirmaron en su dictamen, al cual ha tenido acceso EFE, que Cockerill tomó la decisión correcta al no aceptar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, ya que hacerlo habría entrado en conflicto con la opinión del Gobierno británico. Además, señalaron que los nombramientos hechos por Guaidó a su junta «ad hoc» del BCV no se ven afectados por el hecho de que el Reino Unido ya no lo reconozca como presidente interino, pues en el momento en que fueron realizados, el gobierno británico sí lo reconocía como tal.
En este contexto legal, los jueces concluyeron que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolano no pueden ser reconocidas ni aplicadas por los tribunales del Reino Unido, ya que ello entraría en conflicto con la posición del Ejecutivo británico en aquel momento. Añadieron que las acciones realizadas por Guaidó mientras era reconocido como presidente por Londres deben ser interpretadas como actos soberanos por parte de la Justicia británica.
A pesar de haber perdido este recurso, el equipo legal de la junta oficial del BCV, presidida por Calixto Ortega, tiene la intención de presentar una nueva demanda ante la división comercial del Tribunal Superior para reclamar su autoridad sobre los activos venezolanos. Esta decisión se basa en el argumento de que, al ya no ser reconocido por Londres como presidente, Guaidó ha perdido su legitimidad. En mayo, el equipo legal expresó a EFE su intención de seguir adelante con esta acción legal.
En respuesta a esta situación, el dictamen emitido hoy establece que «corresponderá al tribunal comercial determinar el curso futuro de este litigio, a la luz del cambio de panorama resultante del hecho de que el Gobierno de Su Majestad ya no reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela». Esta afirmación indica que será la división comercial del Tribunal Superior la encargada de decidir sobre el curso del litigio y cómo se resolverá la disputa, considerando el cambio de panorama político debido al reconocimiento discontinuo de Guaidó como presidente por parte del Gobierno británico.
El objeto central de esta prolongada disputa legal es el acceso a las reservas de oro venezolanas, valoradas en aproximadamente 1.950 millones de dólares, que se encuentran depositadas en el Banco de Inglaterra. Además, también está en juego una suma adicional de 120 millones de dólares fruto de un canje ejecutado por Deutsche Bank.
La controversia sobre el control de estos activos se ha convertido en un tema de gran importancia tanto para el Gobierno de Maduro como para la oposición liderada por Guaidó. Desde que Guaidó se autoproclamara presidente interino de Venezuela en enero de 2019, se ha desatado una lucha por el reconocimiento internacional y el acceso a los recursos del país.
El Banco de Inglaterra se ha convertido en un actor clave en este conflicto, ya que alberga una parte significativa de las reservas de oro de Venezuela. Desde que el gobierno británico reconociera inicialmente a Guaidó como presidente interino, la junta designada por él ha buscado controlar estos activos financieros. Sin embargo, Maduro y su junta nombrada por él también han hecho esfuerzos para asegurar el control sobre el oro venezolano.
El fallo del tribunal de Apelación de Londres, que rechaza el último recurso madurista, representa un revés para el Gobierno de Maduro en su intento de acceder a los fondos depositados en el Banco de Inglaterra. Al respaldar la decisión de la jueza Cockerill de no reconocer las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, los jueces británicos han reafirmado su apoyo a Guaidó y a la junta designada por él como legítimos representantes de Venezuela.
Sin embargo, a pesar de esta derrota legal, el equipo legal de la junta del BCV de Maduro no parece dispuesto a rendirse. Según declaraciones a EFE, tienen la intención de presentar una nueva demanda ante la división comercial del Tribunal Superior, argumentando que el cambio en el reconocimiento de Guaidó por parte del Gobierno británico debería implicar un cambio en la autoridad sobre los activos venezolanos.
El desenlace de esta disputa legal sigue siendo incierto, y es probable que continúe generando tensiones tanto a nivel nacional como internacional. Mientras tanto, las reservas de oro venezolanas permanecen congeladas en el Banco de Inglaterra, a la espera de una resolución definitiva sobre quién tiene la autoridad para controlar y utilizar estos valiosos activos financieros.
En resumen, la negación del último recurso madurista por parte de la justicia británica en el caso del oro venezolano en Londres representa un revés para el Gobierno de Maduro y un respaldo para la oposición liderada por Guaidó. Esta prolongada disputa legal sobre el control de los activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra continúa sin resolverse y sigue siendo un tema de gran importancia tanto para las partes involucradas como para la comunidad internacional. El fallo del tribunal de Apelación de Londres confirma la decisión previa que otorga autoridad a la junta designada por Guaidó sobre el oro venezolano, argumentando que en el momento de los nombramientos, el gobierno británico reconocía a Guaidó como presidente interino.
La doctrina de «Una sola voz» juega un papel crucial en este caso, ya que establece que el gobierno y la judicatura deben actuar unificados en política exterior. Al aceptar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que anulaban los nombramientos de Guaidó, se habría violado esta doctrina, ya que en aquel momento el gobierno británico reconocía a Guaidó como presidente interino.
La disputa legal también plantea interrogantes sobre el reconocimiento internacional de los gobiernos y su impacto en las decisiones judiciales. Aunque Guaidó ha perdido el reconocimiento como presidente de Venezuela por parte del gobierno británico, las acciones que realizó durante el periodo en el que fue reconocido deben ser consideradas como «actos soberanos» por parte de la justicia británica. Esto implica que las decisiones tomadas por Guaidó y su junta en ese momento mantienen su validez legal.
A pesar de la derrota legal, el equipo legal de la junta del BCV de Maduro no se da por vencido y planea presentar una nueva demanda ante la división comercial del Tribunal Superior. Esta estrategia se basa en el argumento de que el cambio en el reconocimiento de Guaidó por parte del gobierno británico debería influir en la autoridad sobre los activos venezolanos. Sin embargo, el dictamen del tribunal de Apelación deja claro que será el tribunal comercial el encargado de decidir sobre el futuro del litigio en vista de los cambios en el panorama político.
La disputa por el control del oro venezolano en el Banco de Inglaterra es solo una parte del complejo panorama político y económico que enfrenta Venezuela. El país ha experimentado una profunda crisis política, económica y humanitaria en los últimos años, con una lucha por el poder entre el gobierno de Maduro y la oposición encabezada por Guaidó.
Esta disputa sobre los activos financieros del país refleja la lucha más amplia por el reconocimiento internacional y el control de los recursos venezolanos. Mientras tanto, la población venezolana sigue sufriendo las consecuencias de la crisis, con una escasez de alimentos y medicinas, una hiperinflación desenfrenada y una migración masiva de ciudadanos que buscan mejores condiciones de vida en otros países.
La resolución definitiva de esta disputa legal es crucial tanto para el futuro de Venezuela como para la estabilidad del sistema financiero internacional. La comunidad internacional continuará observando de cerca los desarrollos en este caso y buscará una solución que garantice la legalidad, la transparencia y el bienestar del pueblo venezolano.
