Cautivas de la Política: Mujeres Venezolanas en ‘Drones’ y ‘Gedeón’ – Un Grito por la Justicia»

En medio de un escenario político convulso y marcado por la polarización, Venezuela se encuentra en el epicentro de tensiones que trascienden las fronteras nacionales. En este contexto, un grupo de mujeres se erige como testigo y protagonista de una trama que va más allá de lo político y se sumerge en la realidad cotidiana de la represión, la persecución y la resistencia bajo el régimen de Nicolás Maduro. 22 mujeres, emblemas de la diversidad de roles y responsabilidades que pueden asumir en la sociedad, se ven judicializadas por causas políticas, marcando sus vidas con el estigma de la disidencia en un país donde la discordia se ha vuelto moneda corriente.

Doce (12) de estas mujeres, en un giro inesperado de los designios políticos, se ven vinculadas a los casos conocidos como «Los Drones». El intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018, llevó a la detención de figuras cercanas a los presuntos autores, incluyendo a madres, esposas y hermanas de aquellos que fueron señalados como responsables del fallido atentado. Este grupo de mujeres, entre las que destacan Yosida Vanegas de Monasterio, María Auxiliadora Delgado Tabosky, Emirlendris Carolina Benítez Rosales y Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, se convierte en un conjunto heterogéneo de voces que claman por justicia y resisten desde la retaguardia de un conflicto político que amenaza con fracturar aún más a la sociedad venezolana.

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La denominación «Los Drones» no solo hace referencia al método utilizado en el intento de magnicidio, sino que también simboliza la amalgama de historias individuales que conforman un entramado colectivo de lucha y sufrimiento. Cada una de estas mujeres enfrenta acusaciones que van desde asociación para delinquir hasta financiamiento al terrorismo, llevando consigo no solo la carga de su propio destino, sino también el peso de la conexión con aquellos que fueron señalados como perpetradores de un acto que, independientemente de sus motivaciones, marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela.

Además, diez (10) mujeres más, sin vínculos directos con el caso «Los Drones», se ven inmersas en la vorágine judicial por razones políticas. Algunas de ellas simplemente por ser madres, hermanas o parejas de presos políticos, encontrándose tras las rejas por su proximidad con aquellos que son considerados enemigos del estado. La cárcel de mujeres, representada por el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), se convierte en el escenario donde estas mujeres comparten sus días, enfrentando condiciones que no solo desafían su integridad física y emocional, sino que también ponen de manifiesto la vulnerabilidad de aquellos que, de manera indirecta, han sido arrastrados a la vorágine de la política en Venezuela.

Casos de «Los Drones»:

Yosida Vanegas de Monasterio: Madre del sargento mayor primero Juan Carlos Monasterios Vanegas, condenado a 30 años de prisión. Detenida por la Dgcim, enfrenta cargos de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Presenta problemas de salud como cardiovasculares, artrosis e hipertensión.

Yosida Vanegas de Monasterio

María Auxiliadora Delgado Tabosky: Venezolana con nacionalidad española, condenada en primera instancia en el caso Drones II. Su salud se ha deteriorado, enfrentando problemas mamarios y virus respiratorio sincitial.

Emirlendris Carolina Benítez Rosales: Esposa de Yolmer Escalona, señalado en el intento de magnicidio. Detenida hace más de cinco años, víctima de desaparición forzosa y con graves problemas de salud, incluyendo fibromialgia crónica y complicaciones neurológicas.

Ángela Lisbeth Expósito Carrillo: Directora de la ONG Fundanimal, condenada a 24 años de prisión en el caso Drones I. Sufrió torturas y maltratos, necesita atención médica por nódulos tiroideos y pérdida de peso.

Yanin Fabiana Pernía Coronel: Condenada a 30 años por intento de magnicidio en la causa Dron I. Ha denunciado torturas y violencia sexual, incluyendo golpizas, electrocuciones y asfixia.

Casos de «Operación Gedeón»:

Karen Hernández Rodríguez y Carla Rosaura Da Silva: Detenidas en la Operación Gedeón II, en fase de juicio por el intento de magnicidio del 4 de agosto de 2020. Ambas recluidas en máxima seguridad del SEBIN.

Yolimar Alemán de Chaya y Andreína José Alemán Castellano: Hermanas detenidas en la Operación Gedeón II, con condiciones de libertad bajo presentación.

Ana María Pernía: Detenida por el asalto al puesto militar Puerta Morocha, relacionado con la Operación Gedeón II. En fase de juicio y enfrentando problemas de salud.

Sargento Samaira del Valle Romero Armario: Única militar femenina de la Operación Gedeón I, detenida junto al funcionario de la Policía del Táchira Oscar Aguillón Garcés. Recluida en máxima seguridad del SEBIN.

Alias «Piel Canela» en el INOF:

Joselín Omaira Sequera, alias «Piel Canela», llegó al Instituto Nacional de Orientación Femenina, generando tensiones y disturbios entre las reclusas comunes. Se denuncian actos de violencia, cobros ilegales y abusos perpetrados por Sequera y sus colaboradores, conocidos como «Carro Fucsia».

En el tejido complejo de la narrativa política venezolana, las historias de estas veintidós mujeres, envueltas en los casos «Los Drones» y «Operación Gedeón», emanan como testimonios vívidos de la complejidad y las contradicciones que definen el actual panorama del país sudamericano. Estas mujeres, más allá de ser meras cifras en expedientes judiciales, representan una constelación de experiencias, desafíos y resistencia en medio de un régimen que ha llevado al límite la tolerancia de sus ciudadanos y ciudadanas.

El caso de «Los Drones» se erige como un hito oscuro en la historia reciente de Venezuela, donde el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro desencadenó una cadena de eventos que alcanzó a familiares directos de los presuntos autores. Yosida Vanegas de Monasterio, María Auxiliadora Delgado Tabosky, Emirlendris Carolina Benítez Rosales y Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, entre otras, se ven envueltas en una maraña judicial donde las acusaciones de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo se entrelazan con narrativas personales de dolor, sufrimiento y resistencia.

La Operación Gedeón, con su intrigante intento de magnicidio del 4 de agosto de 2020, despliega otro capítulo en el cual mujeres como Karen Hernández Rodríguez, Carla Rosaura Da Silva, Yolimar Alemán de Chaya, Andreína José Alemán Castellano y Ana María Pernía se ven atrapadas en un torbellino judicial marcado por la incertidumbre y las adversidades. Desde máxima seguridad hasta la espera de juicios, estas mujeres personifican la complejidad de un sistema judicial que, según informes de observadores de derechos humanos, a menudo se desvía de los estándares internacionales.

El INOF, en el cual varias de estas mujeres cumplen sus condenas, se convierte en el epicentro de un microcosmos que refleja las deficiencias estructurales y las vulnerabilidades sistémicas de un sistema carcelario que, según informes, no solo falla en garantizar condiciones humanas básicas, sino que también permite la proliferación de violencia, abusos y tratos crueles e inhumanos.

Además, la llegada de Joselín Omaira Sequera, conocida como «Piel Canela», al INOF, agrega una dimensión adicional de tensión y conflictividad. Las denuncias de cobros ilegales, abusos y actos de violencia perpetrados por Sequera y su grupo, apodado el «Carro Fucsia», resaltan la precariedad de las condiciones carcelarias en Venezuela, especialmente para aquellas que, independientemente de sus circunstancias, comparten el mismo espacio con criminales comunes.

En este panorama desalentador, las voces de estas mujeres claman por ser escuchadas más allá de las fronteras de Venezuela. Las acusaciones de torturas, violencia sexual, condiciones de detención inhumana y juicios que, según algunas fuentes, carecen de garantías procesales, subrayan la urgencia de la atención internacional sobre la situación de los derechos humanos en el país. Es crucial reconocer que estas mujeres son más que víctimas de un régimen político; son agentes de cambio que, a pesar de las adversidades, mantienen viva la llama de la resistencia y la esperanza.

En última instancia, estas historias no solo revelan la urgencia de una revisión profunda de las prácticas judiciales y carcelarias en Venezuela, sino que también resaltan la necesidad de un compromiso internacional continuo en la defensa de los derechos humanos y el estado de derecho. El destino de estas mujeres, marcado por la incertidumbre y la adversidad, no solo refleja la crisis política de Venezuela, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre la capacidad de la comunidad internacional para abordar y resolver tales situaciones en el marco de un diálogo constructivo y respetuoso de la soberanía nacional. Mientras estas mujeres persisten en su lucha por la justicia y la libertad, el mundo observa con atención, consciente de que su historia no solo es la suya, sino una parte integral de la historia de un país que ansía la restauración de la democracia y la garantía de los derechos fundamentales para todos sus ciudadanos.